Divorcio liquidación🇦🇷

Los bienes gananciales son los adquiridos durante el matrimonio bajo el régimen de comunidad de ganancias, que es el régimen por defecto en Argentina según el Código Civil y Comercial (Ley 26.994). Entran en esta categoría sueldos, inmuebles comprados durante el matrimonio, vehículos, inversiones y cualquier bien oneroso adquirido desde la celebración del matrimonio hasta la separación de hecho o la notificación de la demanda de divorcio. No son gananciales: los bienes que cada cónyuge tenía antes de casarse (bienes propios), los recibidos por herencia o donación durante el matrimonio (artículo 464, CCyC), y los adquiridos con el producto de la venta de un bien propio (subrogación real). Es fundamental clasificar correctamente cada bien antes de declarar el valor total, porque un error infla artificialmente la masa ganancial y con ella los honorarios estimados.

En Argentina, los honorarios de abogados en procesos de divorcio con liquidación de bienes se rigen por las leyes arancelarias de cada colegio de abogados provincial. En términos generales, el honorario se calcula como un porcentaje del monto en disputa o del valor de la masa ganancial. Para divorcios de mutuo acuerdo, los porcentajes suelen oscilar entre el 5% y el 8% del valor de los bienes. En procesos contenciosos, pueden ir del 10% al 15% o más, porque cada etapa procesal (demanda, contestación, audiencias, sentencia, escrituración) genera honorarios adicionales. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 5.134 regula los honorarios profesionales de abogados. A eso hay que sumar los honorarios del escribano para la escritura de división, que rondan entre el 1% y el 2% del valor de la propiedad, más tasas de sellos e impuestos provinciales.

Desde la reforma del CCyC en 2015, el divorcio en sí puede resolverse en 3 a 6 meses si es de mutuo acuerdo y se presenta el convenio regulador completo. El problema es que la liquidación de los bienes gananciales es un proceso separado que puede extenderse mucho más. Si la pareja está de acuerdo en los valores y la distribución, puede hacerse por escritura notarial en paralelo al divorcio, lo que acorta los tiempos. Si hay discrepancias sobre el valor de un inmueble o la existencia de deudas, el proceso judicial puede tardar entre 1 y 3 años, especialmente en jurisdicciones con alta carga procesal como CABA o el conurbano bonaerense. La tasación pericial de inmuebles suele ser el cuello de botella más frecuente en los procesos contenciosos.

El régimen de separación de bienes es la alternativa al régimen de comunidad que permite el CCyC desde 2015. Bajo este régimen, cada cónyuge mantiene la titularidad exclusiva de los bienes que adquiere durante el matrimonio, sin formar masa ganancial. Para adoptarlo, la pareja debe hacer una opción expresa ante escribano público, ya sea antes de casarse o durante el matrimonio. Si eligieron separación de bienes, al divorciarse no hay liquidación: cada uno se queda con lo que está a su nombre. Si no hicieron ninguna opción, rige automáticamente el régimen de comunidad y hay que liquidar los gananciales. Es un dato que mucha gente desconoce porque la reforma tiene menos de 10 años y el régimen por defecto sigue siendo la comunidad.

En Argentina, la Ley 26.589 establece la mediación prejudicial obligatoria como paso previo a los procesos judiciales de familia en la mayoría de las jurisdicciones. Sin embargo, existen excepciones importantes: cuando hay violencia familiar de por medio, en casos de urgencia que requieran medidas cautelares inmediatas, o cuando la materia no es mediable por su naturaleza. En CABA y provincia de Buenos Aires, las cuestiones patrimoniales del divorcio (como la liquidación de bienes) sí son mediables y suelen requerir al menos una sesión de mediación antes de iniciar el juicio. El costo de la mediación tiene aranceles fijos que varían por jurisdicción. Si la mediación fracasa o no corresponde, se habilita la vía judicial.

Las deudas contraídas durante el matrimonio tienen un tratamiento específico en el CCyC. En principio, cada cónyuge responde con sus bienes propios y gananciales por las deudas que contrajo, salvo las contraídas para el sostenimiento del hogar y la educación de los hijos, que son obligaciones de ambos. Al liquidar la comunidad, si un cónyuge pagó deudas del otro o usó fondos gananciales para pagar una deuda propia, tiene derecho a recompensas (artículo 488 y siguientes del CCyC). Esto es clave para el cálculo: la masa ganancial neta que se divide no es solo el activo, sino el activo menos las recompensas que correspondan. Un abogado especializado en familia debe analizar el pasivo antes de cerrar el convenio de liquidación para evitar que uno de los cónyuges quede cargando deudas que en realidad son comunes.

Cuando la liquidación se hace extrajudicialmente (ambas partes de acuerdo), el instrumento final es una escritura pública de partición y adjudicación de bienes. El honorario del escribano se regula por los colegios de escribanos de cada provincia. En provincia de Buenos Aires, el arancel notarial para actos de transmisión de dominio ronda el 1% al 2% del valor fiscal o de mercado del inmueble, más sellados e impuesto de sellos provincial (que en PBA es del 1,8% sobre la base imponible del acto). En CABA, el Colegio de Escribanos tiene aranceles similares. A eso se suma el ITI (Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, 1,5% a cargo del transmitente) o el Impuesto a las Ganancias si el bien no es vivienda única. La adjudicación entre excónyuges como liquidación de comunidad suele tener tratamientos fiscales específicos, pero conviene verificarlo con el escribano interviniente.

La ley no impone un criterio único de valuación: las partes pueden acordar el valor que quieran. En la práctica, cuando hay acuerdo, se suele usar el valor de mercado estimado por ambas partes o por un tasador privado. Cuando hay disputa, el juez puede ordenar una pericia de tasación oficial a cargo de un martillero o perito tasador judicial. El valor fiscal (valuación ARBA en PBA, o valuación ABL en CABA) suele estar muy por debajo del valor real de mercado, especialmente en períodos de alta inflación, por lo que usarlo para dividir bienes puede perjudicar al cónyuge que recibe el bien con menor valuación. Para esta calculadora, se recomienda ingresar el valor de mercado estimado de los bienes, no el fiscal, para que el cálculo de honorarios sea representativo de lo que vas a enfrentar en la práctica.

El divorcio y la liquidación de bienes son procesos separados de las cuestiones de responsabilidad parental (antes llamada patria potestad), cuidado personal y cuota alimentaria. Sin embargo, en la práctica, cuando hay hijos menores el proceso se complejiza porque el juez de familia suele tener competencia sobre todas las cuestiones conexas y puede demorar la liquidación si hay conflictos no resueltos sobre el cuidado de los hijos. Además, si la vivienda familiar es el principal bien ganancial y los hijos viven allí, el juez puede disponer una atribución del uso de la vivienda al progenitor conviviente (artículo 443 CCyC) durante un período determinado, lo que posterga la venta o adjudicación del inmueble. Esto es un factor que impacta directamente en los tiempos y costos totales del proceso.

El convenio regulador es el documento que las partes presentan al juzgado en el divorcio de mutuo acuerdo. Según el artículo 439 del CCyC, debe incluir: distribución de los bienes, eventual atribución de la vivienda familiar, distribución de las deudas, cuestiones sobre responsabilidad parental si hay hijos, y cuota alimentaria entre los cónyuges si corresponde. Para que el juez lo homologue, debe ser claro, no contener cláusulas abusivas y proteger el interés de los hijos menores. Si el convenio regulador está incompleto o el juez considera que alguna cláusula perjudica a un cónyuge, puede rechazarlo o pedir modificaciones, lo que genera demoras y honorarios adicionales. Un convenio bien redactado desde el inicio es la forma más eficiente de bajar los costos totales del proceso.

Esta es una de las confusiones más frecuentes. Un bien adquirido por uno solo de los cónyuges durante el matrimonio, con dinero propio de su trabajo, es ganancial aunque esté solo a nombre de uno de ellos. La titularidad registral no define si el bien es propio o ganancial: lo que importa es el origen del dinero y el momento de la adquisición. Por eso, que el departamento esté escriturado solo a nombre del marido no significa que sea suyo: si se compró durante el matrimonio con plata del sueldo, es ganancial y le corresponde el 50% a la esposa al divorciarse. La excepción son los bienes comprados con el producido de la venta de un bien propio (subrogación real, artículo 465 CCyC) siempre que se deje constancia en la escritura. Sin esa constancia expresa, el bien se presume ganancial.

No, y es importante entenderlo bien. Esta calculadora da una estimación orientativa de los honorarios basada en porcentajes de práctica de mercado y aranceles de colegios profesionales. Sirve para tener una idea de escala antes de la primera consulta con un abogado, para comparar el costo del proceso de mutuo acuerdo versus el contencioso, o para verificar si el presupuesto que te dieron es razonable. Pero no puede reemplazar el análisis caso a caso que hace un abogado especializado en derecho de familia: la clasificación de cada bien como propio o ganancial, el cálculo de recompensas, las implicancias fiscales de cada adjudicación y la estrategia procesal requieren criterio jurídico que va mucho más allá de una fórmula. El resultado de esta calculadora es un punto de partida, no una decisión.