Primero medimos las necesidades. Después repartimos la capacidad.

No. Ningún código civil del país fija un porcentaje obligatorio. Lo que establecen los artículos 308 a 311 del Código Civil Federal y sus equivalentes estatales es un principio de proporcionalidad: la pensión debe ajustarse a la posibilidad de quien la da y a la necesidad de quien la recibe. Los porcentajes que circulan son referencias de la práctica judicial, útiles para anticipar el orden de magnitud, pero no vinculantes.

La referencia más repetida ronda entre el 15% y el 25% del ingreso del obligado por un hijo, y va subiendo con el número de hijos hasta un tope práctico cercano al 50%. Pero el resultado real depende de la prueba: si el acreedor demuestra gastos altos de educación o salud, o si el deudor tiene ingresos que no aparecen en su recibo de nómina, el porcentaje se mueve en cualquier dirección.

Sobre el ingreso total del obligado, no solo sobre el sueldo base. Eso incluye comisiones, bonos, aguinaldo, prima vacacional, reparto de utilidades y cualquier percepción ordinaria. Por eso las sentencias suelen redactarse como un porcentaje de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, para que el descuento alcance también el aguinaldo y el reparto de utilidades.

En principio sí, porque el 50% no es un límite legal sino una referencia frecuente de los juzgados. Lo que sí es regla es la protección del salario mínimo del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo: el descuento no puede dejarte por debajo de ese piso, salvo que la orden judicial disponga expresamente lo contrario en materia de alimentos. Si el descuento te deja sin capacidad de subsistir, la vía es pedir la reducción al juez.

El juzgado gira un oficio al patrón ordenando la retención y el depósito. Desde que el patrón lo recibe, el descuento arranca en la nómina siguiente y el patrón responde solidariamente si no lo cumple. El pago se deposita en la cuenta que indique el juzgado o directamente en la del acreedor, según lo que ordene la sentencia.

Hasta la mayoría de edad como regla general, pero se extiende mientras el hijo estudie una carrera u oficio con aprovechamiento y no pueda sostenerse por sí mismo. Muchos criterios locales la sostienen hasta los 25 años cuando hay constancia de estudios. Si el hijo tiene una discapacidad que le impide trabajar, la obligación no tiene límite de edad.

No automáticamente. La custodia compartida reparte el tiempo de convivencia y con él parte del gasto directo, así que la pensión en dinero suele reducirse. Pero si hay una diferencia grande de ingresos entre los progenitores, el juez puede mantener una pensión compensatoria para que el nivel de vida del menor sea similar en ambos hogares.

Sí, mediante un incidente de reducción de pensión alimenticia. Tienes que acreditar el cambio de circunstancias con documentos, no solo declararlo. Mientras el juez no resuelva, el monto anterior sigue vigente y los meses no pagados se acumulan como adeudo, así que conviene promover el incidente de inmediato y no esperar a acumular deuda.

Se puede ejecutar el adeudo con embargo de bienes y de cuentas, retención directa sobre el salario y anotación en el registro de deudores alimentarios morosos, que en varias entidades impide obtener licencia de conducir, pasaporte o crédito. El incumplimiento reiterado además puede constituir el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

No. Es el 90% de la pensión que el asegurado recibía o que le habría correspondido, y esa pensión ya es bastante menor que su sueldo. Tomar el 90% del sueldo es el error más frecuente al estimarla y produce cifras irreales. A la viudez se suma un 20% de orfandad por cada hijo con derecho, sin que la suma pueda exceder el 100% de la pensión base.

No de manera automática. Son prestaciones de naturaleza distinta: la de viudez es de seguridad social y la paga el instituto, mientras que la alimenticia es una obligación civil a cargo de una persona. Puede haber casos en que el fallecimiento del obligado extinga la deuda alimentaria hacia adelante y otros en que una cónyuge divorciada con pensión alimenticia vigente tenga derecho a la de viudez. La procedencia depende del caso concreto y conviene revisarla con un abogado.

Sí, mediante convenio ante el juez de lo familiar o por mediación en los centros de justicia alternativa. El convenio ratificado y aprobado tiene la misma fuerza que una sentencia y se puede ejecutar igual si se incumple. Es una vía más rápida y barata que el litigio, y suele ser la mejor opción cuando ambas partes coinciden en el monto.